Desde el inicio del mes de febrero de 2014, los
sectores de la extrema derecha multiplican los actos criminales en
Venezuela con el objetivo de quebrar el orden constitucional y derrocar
al presidente democráticamente electo Nicolás Maduro.
Los actos de violencia causaron la muerte de al menos 28 personas,
entre ellas varios miembros de las fuerzas del orden. Tres líderes de la
oposición elaboraron el plan de acción en enero de 2014: Leopoldo
López, presidente del partido de extrema derecha Voluntad Popular; María
Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional, y Antonio Ledezma,
alcalde de Caracas. Los tres llamaron públicamente a recurrir a la
fuerza contra el gobierno legítimo de la República Bolivariana de
Venezuela [1].Estados Unidos se opuso desde el inicio a Hugo Chávez y a la Revolución Bolivariana, a pesar de su carácter democrático y pacífico. Desde 1999, Washington aporta su respaldo político, diplomático, financiero y mediático a la oposición venezolana. En 2002, George W. Bush orquestó un golpe de Estado contra el presidente Chávez con la complicidad de la oligarquía venezolana, de una parte del ejército y de los medios informativos privados del país. Hoy, la administración Obama apoya abiertamente los intentos de desestabilización contra la democracia venezolana respaldando las actividades de la extrema derecha.
El Departamento de Estado defendió las manifestaciones violentas invocando «la libertad de expresión». Exigió a las autoridades venezolanas la liberación de los responsables de esos actos, «injustamente detenidos«», a pesar de que varios portaban armas en el momento del arresto. El secretario de Estado, John Kerry, incluso amenazó a Venezuela con la adopción de sanciones [2].
No obstante, Washington se quedó solo ante el continente americano.
La inmensa mayoría de los países de la región condenaron los actos de violencia orquestados por la oposición y brindaron su apoyo al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. El 7 de marzo de 2014, la OEA (Organización de Estados Americanos), tradicionalmente conservadora y alineada con Washington, que agrupa todas las naciones del continente menos Cuba, infligió una derrota a la administración Obama. Una resolución, que adoptaron todos los países con excepción de Estados Unidos, Canadá y Panamá, expresó la «solidaridad» y el «apoyo [de la OEA] a las instituciones democráticas, al diálogo y a la paz en la República Bolivariana de Venezuela».
En una alusión a la posición de Washington, la OEA llamó al «respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados» y expresó su «compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho». También condenó la actitud de la oposición expresando su «más enérgico rechazo a toda forma de violencia e intolerancia». Finalmente los miembros de la OEA declararon su «pleno respaldo y aliento a las iniciativas y los esfuerzos del Gobierno democráticamente electo de Venezuela y de todos los sectores políticos, económicos y sociales para que continúen avanzando en el proceso de diálogo nacional» [3].
Por su parte, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que agrupa los 12 países de la región, condenó «los recientes actos de violencia». «Cualquier demanda debe ser canalizada de forma pacífica, por la vía democrática, y respetando el Estado de Derecho y sus instituciones», enfatizó.
También expresó UNASUR su «solidaridad» con «el pueblo y el Gobierno democráticamente electo de esa nación» y decidió «respaldar los esfuerzos del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para propiciar un diálogo» con todos los sectores de la sociedad. En una clara alusión a Estados Unidos, la UNASUR expresó además su «preocupación ante cualquier amenaza a la independencia y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela» [4].
Michelle Bachelet, presidenta de Chile, quien acogió en Santiago la reunión de la UNASUR, brindó su apoyo total a Nicolás Maduro y condenó los intentos de la oposición de romper el orden constitucional. «No aceptaremos jamás que nadie, ni persona ni país, incite a través de mecanismos violentos, a derrocar a un presidente legítimamente electo» afirmó, en una nueva alusión a Estados Unidos. Según la señora Bachelet, los conflictos deben resolverse mediante «una vía de diálogo y de paz”», rechazando así las manifestaciones violentas de la oposición [5].
Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, también expresó su rechazo a los intentos golpistas y ofreció su apoyo a «la democracia venezolana», recordando que la legitimidad del actual poder venezolano proviene de los 18 procesos electorales sobre 19 que ganó durante los últimos 15 años.
La presidente de Argentina llamó a la oposición venezolana a no abandonar la vía democrática enfatizando la posibilidad de organizar en 2016 un referéndum revocatorio, de medio-mandato, que permitiría convocar elecciones presidenciales anticipadas en caso de triunfo. «Venezuela es el único país del mundo que tiene revocatorio, o por lo menos de la región, donde al presidente le ponen el derecho de revocatorio», subrayó Cristina Fernández. Del mismo modo, no dejó de denunciar los intentos de desestabilización que orquesta Estados Unidos y advirtió contra las «intervenciones foráneas y extranjeras, por lo que sería lamentable permitir que vientos ajenos derrumben a un país hermano como Venezuela» [6]. Cristina Fernández también denunció el «intento de golpe suave que se quiere dar contra la República Bolivariana de Venezuela» [7].
Al igual que durante la presidencia de Hugo Chávez, entre 1999 y 2013, Estados Unidos no renuncia a acabar con la Revolución Bolivariana democrática, pacífica y social. Se opone al presidente Maduro y apoya a la oposición golpista.
Por su parte, los medios informativos occidentales, principales apoyos de este intento de desestabilización, han tomado posición a favor de los partidos de la ruptura del orden constitucional y contra la democracia venezolana.
Fuente: http://www.voltairenet.org/article182941.html